Frente al incremento en los precios de los alimentos y las energías, el FMI sugiere a los gobiernos permitir que los precios se ajusten y otorgar transferencias monetarias a la población vulnerable.
El 12 de octubre de 2022 el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el reporte “Monitor fiscal: Ayudando a las personas a recuperarse”, el cual describe y explica las distintas herramientas fiscales que se han utilizado, o que se podrían utilizar, para priorizar la protección de los grupos vulnerables a través de un apoyo específico y mantener una postura fiscal estricta que abone a la reducción de la inflación.
Actualmente, el aumento de la inflación y, consecuentemente, de las tasas de interés ha suplido a más de una década de inflación moderada y de tasas de interés bajas en gran parte del mundo. Asimismo, las preocupaciones sobre una posible recesión y las tensiones geopolíticas han incrementado a medida que persiste la invasión rusa a Ucrania. Adicionalmente, el manejo de la política fiscal es cada vez más limitado, especialmente para los países muy endeudados, donde las respuestas ante la pandemia de la COVID-19 agotaron su espacio fiscal. Se estima que la deuda global pública es de 91% del PIB en 2022, y que se encuentra 7.5 puntos porcentuales por arriba de los niveles de prepandemia, a pesar de las recientes reducciones en varios países. Por su parte, los hogares se encuentran enfrentando precios elevados de alimentos y energéticos. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), para agosto del 2022, el índice de precios de alimentos de la Organización fue un 45% mayor que en el 2019. Algunos países han optado por implementar nuevas medidas, incluyendo subsidios al precio, recortes en los impuestos y transferencias monetarias para ayudar a los hogares.
De acuerdo con las estimaciones del propio FMI se espera que el crecimiento económico en el 2023 sea 1.4 puntos porcentuales menor, en promedio, al estimado para el 2022.
La economía mundial se está desacelerando en medio de condiciones financieras ajustadas. Una recesión acentuaría los costos de oportunidad entre las prioridades de competencia, la gestión de la demanda, la estabilización de la deuda, la protección de las poblaciones vulnerables y la inversión para el futuro.
La definición de un marco normativo para el mediano plazo es crucial para el mundo de pospandemia. Reducir los déficits, como muchas economías avanzadas y emergentes lo han planeado hacer, es necesario para combatir la inflación y abordar las vulnerabilidades de la deuda. Asimismo, una consolidación fiscal envía una importante señal acerca de cómo los políticos están alineados en el ataque a la inflación, lo que, a su vez, reduciría el tamaño de los incrementos de la tasa de política monetaria y generaría un menor costo del servicio de la deuda.
Priorizar políticas y programas es cada vez más importante a medida que los gobiernos operan con presupuestos más ajustados. Las principales prioridades deben ser garantizar que todas las personas cuenten con acceso a alimentos asequibles y proteger a los hogares de bajos ingresos del aumento de la inflación. El aumento incontenible de los precios de los alimentos y la energía ha elevado el costo de vida de los hogares y, por lo tanto, ha reducido sus ingresos reales en la mayoría de los países. Esta situación ha dado lugar a preocupaciones sobre posibles disturbios sociales, han empujado a más hogares a la pobreza, y han colocado a más de 340 millones de personas en riesgo de escasez de alimentos en el corto plazo, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos.
El impacto ha sido distinto en todos los países, dependiendo de si son importadores o exportadores netos de materias primas. Algunos de los mercados emergentes y los países en desarrollo de bajos ingresos pueden encontrarse en riesgo de una crisis alimentaria. Los efectos adversos también han variado entre individuos de un mismo país, considerando que un aumento en los precios de los alimentos perjudica a los hogares de bajos ingresos, principalmente a aquellos que gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos. Un aumento en los precios de los artículos de primera necesidad y de los alimentos básicos pueden causar daño a los hogares de forma devastadora y duradera. Estas preocupaciones subyacen a las múltiples medidas adoptadas como respuesta al reciente aumento de los precios de los alimentos y la energía.
Frente a choques de oferta duraderos y una inflación amplia, los intentos de limitar los aumentos de precios mediante los controles de precios, los subsidios o los recortes de impuestos serán costosos para el presupuesto y, en última instancia, ineficaz. Los gobiernos deben permitir que los precios se ajusten y deben proporcionar transferencias monetarias dirigidas a los más vulnerables. Las señales que brindan los precios son cruciales para promover la conservación de la energía y fomentar la inversión privada en energías renovables. Aunado a lo anterior, la inversión pública en áreas críticas debe salvaguardarse. Adicionalmente, como parte de los esfuerzos prioritarios, los países necesitarán incrementar la obtención de ingresos adicionales y contener el crecimiento de otros gastos, incluyendo a los salarios públicos, lo cual ayudará a contener los salarios totales y las presiones en los precios.