Al primer semestre de 2022, más de la mitad de las quejas por discriminación reportadas en México sucedieron en el trabajo.

El 1 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Cero Discriminación como estrategia de la Asamblea de las Naciones Unidas para promover el derecho de las personas a vivir una vida plena independientemente de su aspecto, sexo, religión, lugar de origen, condición social, orientación sexual o cualquier otro motivo.

En México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) es la institución encargada de promover políticas y medidas que fomenten la igualdad en México, así como de recibir y solucionar las quejas que se presenten por presuntos actos discriminatorios. De acuerdo con Alexandra Haas, presidenta del CONAPRED entre 2015 y 2019, la discriminación en México obedece a factores estructurales; es decir, es recurrente, independiente a las intenciones, generalizada y con hondas raíces históricas que perpetúan las relaciones de desigualdad y vulneran los derechos de los mexicanos.

Al primer semestre de 2022, el CONAPRED recibió 190 quejas, de las cuales el 52.9% fueron atribuidas a servidores o instituciones públicas. Asimismo, 5 motivos de discriminación concentraron el 62.4% del total de las quejas; siendo los principales padecer alguna discapacidad, el estado de salud, la orientación sexual, presentar un embarazo y cuestiones de género.

*Incluye racismo, xenofobia, condición económica, color de piel, religión y tener antecedentes penales; sin embargo, ninguna de estas categorías registra más de 6 quejas.

Por otra parte, el 90.4% de las quejas se concentraron en 6 ámbitos, destacando el laboral, el educativo y los servicios al público con 102, 19 y 15 quejas al primer semestre de 2022 y con un crecimiento del 41.7%, 11.8% y 50.0% respecto al segundo semestre de 2021.

Si bien los resultados confirman que en México es posible identificar patrones de las conductas discriminatorias, la baja cantidad de personas que reportan estos actos impide visibilizar el problema y plantearlo como un asunto que afecta cotidianamente a los mexicanos, lo cual no promueve la implementación de mecanismos que generen conciencia y protejan los derechos de la ciudadanía.