La iniciativa de simplificar la estructura de la Administración Pública Federal tan solo le ahorraría al gobierno 375.3 millones de pesos anuales con la eliminación del Fideicomiso de Fomento Minero y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción; sin embargo, representaría una pérdida de independencia de las 16 instituciones que serían convertidas en unidades administrativas.
La Administración Pública Federal en México es el conjunto de instituciones que gestionan las relaciones de los ciudadanos y el gobierno. De acuerdo con el documento presentado por el ejecutivo, actualmente está conformada por 203 instituciones (19 secretarías, 73 órganos desconcentrados, 108 organismos descentralizados, 72 empresas de participación estatal mayoritaria, 17 fideicomisos públicos y 15 empresas productivas del Estado y subsidiarias); sin embargo, algunas de ellas son “redundantes, con duplicidad de funciones, oficinas y partidas presupuestales sin propósito o resultados” (DOF, 12 de julio de 2019).
El 18 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa para integrar o suprimir organismos públicos descentralizados, órganos desconcentrados y fideicomisos hacia las secretarias de Estado. Un organismo descentralizado tiene personalidad jurídica propia y autonomía en su gestión, mientras que un órgano desconcentrado carece de personalidad jurídica y su poder de decisión es limitado debido a su subordinación con una entidad superior.
Por su lado, un fideicomiso público es una entidad de la administración pública paraestatal que fomenta el desarrollo económico y social mediante el manejo de recursos aportados por el Gobierno Federal y administrados por una institución fiduciaria, que en este caso es Nacional Financiera (NAFIN).
A su vez, una empresa de participación estatal mayoritaria es aquella en la que el Gobierno Federal, o una de sus entidades o dependencias, sean propietarios de más del 50% del capital social; a diferencia de una empresa productiva del estado que es de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con su propio marco jurídico para llevar a cabo sus actividades productivas.
La iniciativa modificaría principalmente la estructura de la Secretaría de Bienestar al integrar dos organismos descentralizados y un órgano desconcentrado como unidades administrativas y trasladar un organismo descentralizado como unidad administrativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Cabe destacar, que de las 18 instituciones que sufrirían modificaciones, la iniciativa tan solo plantea la eliminación de 2 de ellas: el Fideicomiso de Fomento Minero, cuya función es otorgar financiamiento, capacitación y asistencia técnica al sector minero mexicano para promover su desarrollo, y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la encargada de establecer, promover y evaluar la política nacional de combate a la corrupción, con lo cual el gobierno tendría un ahorro de aproximadamente 375.3 millones de pesos.
Por otra parte, a pesar de que la iniciativa no plantea un recorte de presupuesto para el resto de las instituciones, en caso de que así fuera, el ahorro total del gobierno podría ser de 16,797.2 millones de pesos, equivalente al 0.2% del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023.
NOTA: En rojo están resaltados el fideicomiso y el órgano descentralizado que se eliminarían con la iniciativa, los demás serían convertidos en unidades administrativas de las secretarias de Estado
NOTA: Para el monto del Fideicomiso de Fomento Minero fue utilizado el presupuesto asignado al Servicio Geológico Mexicano, dado que de ahí son asignados sus recursos en el PEF.
Finalmente, la iniciativa para simplificar la APF no implica un ahorro significativo para el gobierno, sino que es planteada como una reestructura del gasto que les restaría autonomía a las instituciones al transformarlas en unidades administrativas que dependen de una entidad superior y carecen de autonomía de gestión al recibir instrucciones de un superior jerárquico.
