En México, la obligatoriedad de las cuotas de género logró que el 50.8% de los senadores y el 50% de los diputados sean mujeres, acelerando la inclusión de las mujeres como representantes políticas; sin embargo, al no haber promovido un entorno de oportunidades para las mujeres mexicanas en la política, la eliminación de dichas cuotas significaría un retroceso en materia política.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es la institución encargada de resolver las controversias en materia electoral que surjan en México y velar por los derechos políticos de los ciudadanos, así como supervisar el cumplimiento de las normas electorales.
Sin embargo, el 13 de abril de 2023 se discutió la modificación de 4 artículos constitucionales, entre ellos, el artículo 73 que establece mecanismos para proteger los derechos político-electorales de los grupos vulnerables y el cumplimiento de la paridad de género, apoyándose en el argumento de que el TEPJF ha sobrepasado sus atribuciones al interferir en la estructura interna de los partidos políticos y en la determinación de las cámaras del Congreso
En México, a nivel federal, la incursión de las mujeres a la política inició en 1953 cuando en el Diario Oficial fue publicada una modificación al artículo 34 que les garantizaba a las mujeres el derecho al voto y a ser candidatas de las elecciones nacionales. Posteriormente, en 1996 se estableció que como máximo el 70% de los legisladores podía ser de un mismo género. En 2014 fueron promovidas las cuotas de género cuyo objetivo es promover la inclusión de las mujeres como figuras de representación política.
Antes de la obligatoriedad de las cuotas de género en México, las mujeres representaban, en promedio, el 17.8% de los diputados y el 16.6% de los senadores. Fue hasta la legislatura que inició en 2018 que la participación femenina en la Cámara de Senadores incrementó un 54.8% al haber 65 senadoras, mientras que, en el caso de la Cámara de Diputados incrementó un 15.1% para la legislatura de 2018 y un 17.4% para la legislatura de 2021, en la cual alcanzó la paridad de género al reportar 250 diputadas.
A nivel internacional, México es el sexto país con mayor presencia de mujeres en el congreso debido a las cuotas de género. Entre los argumentos en contra de las cuotas de género destacan la superposición del género por encima de otras cualidades, la inmiscuían en la selección de candidatos dentro del proceso democrático y el asumir cierta homogeneidad entre mujeres al considerar que una mujer es capaz de representar mejor los intereses de otras mujeres. En caso contrario, quienes apoyan las cuotas de género hacen hincapié en el carácter compensatorio y temporal de la medida.
Si bien los datos indican que el efecto de las cuotas de género en México es palpable y la presencia de las mujeres en cargos políticos presentó un avance posterior a la instauración de la medida. Una crítica es que la medida no modificó las condiciones en las cuáles se enfrentan las candidatas mujeres contra sus pares varones, lo cual fomenta la persistencia en la brecha de género en la esfera política. Por ello, la modificación del artículo 73 constitucional con la propuesta de reforma al TEPJF pone en riesgo el avance alcanzado con la implementación de las cuotas de género.
